El proceso de fiscalización sobre el incremento patrimonial de alcaldes y prefectos ha cambiado de instancia. La denuncia, que originalmente estaba en manos de la Asamblea Nacional, ahora será atendida por la Fiscalía General del Estado. Este cambio se produce tras las alertas presentadas por el presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos.
La autoridad parlamentaria presentó la queja debido a supuestos ofrecimientos recibidos con el objetivo de sacar a los alcaldes de las indagaciones correspondientes. La Fiscalía asumirá el conocimiento del caso para determinar las acciones legales pertinentes frente a estas denuncias, según informamos en Allanamiento en Urdesa.
Esta transferencia de competencia marca un nuevo paso en la investigación sobre el patrimonio de los gobernantes locales. Se espera que el Ministerio Público avance en la revisión de los hechos denunciados por la comisión legislativa.
